El 15 de septiembre, a las 10’30 de la mañana, las Marchas por la Dignidad se concentrarán en la oficina del SEPE de la Plaza de Colón, para exigir el pago urgente del Ingreso Mínimo Vital y que se instaure en su lugar la Renta Básica de Emergencia.

Denuncian al Gobierno andaluz por usar el Ingreso Mínimo Vital como excusa para retirar la Renta Mínima de Inserción andaluza.

Critican al Ayuntamiento de Córdoba por no comprometerse a dotar una Renta Social Municipal y dedicar el dinero, que lo hay, a grandes fanfarrias huecas.

Comunicado de las Marchas por la Dignidad de Córdoba:

El próximo martes 15 de septiembre, a las 10’30 de la mañana, las Marchas por la Dignidad se concentrarán en la oficina del SEPE de la Plaza de Colón, para exigir el pago urgente del insuficiente Ingreso Mínimo Vital prometido y que se instaure en su lugar la Renta Básica de Emergencia.

Asimismo, las Marchas exigen:

  • La derogación de las reformas laborales y la elaboración de una nueva ley que fomente la reducción de la jornada laboral, el reparto del trabajo asalariado y la publicación de nueva oferta de empleo público que refuerce sanidad, educación y el resto de los servicios públicos necesarios para asegurar una vida digna a toda la población.
  • La regularización de todas las personas migrantes que viven, trabajan y sueñan en nuestro país reconociendo de manera efectiva sus derechos universales.
  • La paralización inmediata de todos los desahucios por impago de hipoteca o alquiler sin alternativa habitacional.

Las marchas creen que, de una vez, el gobierno debe rescatar a las personas, más allá de que lo haga también con ciertas empresas. Creen que el haber dotado con 500 millones el Ingreso Mínimo Vital, y con 100.000 millones las ayudas a las empresas, el haber facilitado ERTES para empresas con millonarios beneficios dice poco de lo “social y progresista” del gobierno estatal, al estar aplicando medidas muy similares a las que hubiera puesto en marcha la derecha, que, por eso, votaron a favor de este IMV en junio. Incluso hay gobiernos de derechas en Europa que están aplicando medidas más progresistas que el español.

Desde las Marchas se preguntan cuándo se pensará en quienes se quedan sin trabajo, en quienes heredan la miseria generación tras generación. No pueden ser siempre las empresas quienes sean rescatadas, cuando, además, hemos visto por las estadísticas como tras la crisis anterior y en los meses de pandemia siguen aumentando beneficios, algunas de ellas gracias a una ley fiscal claramente inconstitucional que permite que tengan el dinero en paraísos fiscales. Y, siempre, sin devolver los rescates.

La Renta Básica de Emergencia supondría la concesión inmediata, tras su solicitud, de la cantidad exigida por la Carta Social Europea que España firmó en el año 2000, pero que no ha cumplido nunca y sigue sin cumplirla. Las personas que necesiten la ayuda la solicitarían sin necesidad de presentar documentación. La administración, que tiene datos más que de sobra para comprobar nuestra situación, podría en la Renta del año próximo regularizar en caso de haber sido solicitada indebidamente.

La Carta Social Europea entró en vigor en julio de 1999 y España la firmó en octubre de 2000. Recoge que cualquier prestación social de cualquier institución (Estado, Comunidad Autónoma, …) no puede estar por debajo del llamado “umbral de la pobreza”, que, en base a unos cálculos, se sitúa en 739€ por persona adulta y 150€ por menor. Poner la Renta Básica de Emergencia en marcha, para 8 millones de personas adultas y 8 millones de menores, desde abril a diciembre de este 2020, hubiera costado al Estado menos de 65 mil millones de euros, y se hubieran ahorrado todas las prestaciones inferiores a esa cantidad que se pagan actualmente.

Para las Marchas de la Dignidad, el Ingreso Mínimo Vital es ridículamente insuficiente. Además, el Gobierno andaluz del trifachito ha encontrado en el IMV la excusa que quería para para retirar la Renta Mínima de Inserción Andaluza. El Ayuntamiento de Córdoba, también sostenido por el mismo trifachito, en una dejación de sus funciones y obligaciones escandalosa, no pone en marcha los recursos que sean necesarios, sobre todo en cuanto a personal que ayude a la exhausta corta plantilla actual de Asuntos Sociales, para paliar las necesidades de sus conciudadanos. Al contrario, ha anulado los registros de manera presencial, poniendo aún más difícil la gestión a la inmensa mayoría de cordobeses y cordobesas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y certificados de usuario necesarios. Además, nuestro Ayuntamiento no se compromete a dotar una Renta Social Municipal. El dinero, que lo hay, se destina a grandes fanfarrias huecas, sobre todo en estos momentos de crisis galopantes, gastando cientos de miles de euros en luces de navidad, en arreglos innecesarios, o en otras partidas suntuosas que no pegan con la necesidad del pueblo de Córdoba.