La aprobación, por parte del Gobierno Central, del ingreso mínimo vital, está generando una cascada de sensaciones encontradas. De un lado tenemos la propaganda gubernamental, que nos vende la medida como “lo nunca antes conocido”, como una “medida histórica”, comparable a la también socialista Ley de Dependencia. Durante un período de más de un mes, hemos ido pasando de su aprobación inmediata a un “estamos aún en estudio” que ha supuesto un recorte en los fondos que se le van a dedicar y, por tanto, en el número de personas a las que les va a llegar.

En este mismo lado de las sensaciones tenemos a una capacidad de adoración mediática que teníamos casi olvidada concentrada en torno al PSOE por algunos medios afines, sobre todo el grupo PRISA. Hacía mucho tiempo que desde la SER y El País no se alababa una actuación del entorno socialista de Pedro Sánchez como ha ocurrido con el ingreso mínimo vital. Seguro que en ello ha influido el que la medida haya sido, finalmente, comandada por un hombre “del sistema”, José Luis Escrivá. También el hecho de que la decisión final haya sido tan pobre que incluso ha obtenido el apoyo soterrado de la derecha, el silencio programado del empresariado (con alguna declaración altisonante para despistar) y hasta el aplauso de la Iglesia Católica.

Por último, en el mismo lado, la algarabía, el gallinero, el casi ruido de sables con el que la derecha quiere tumbar al gobierno desde una de las actuaciones políticas más despreciables que se recuerdan.

Estos tres hechos provocan la ilusión de que realmente se ha puesto en marcha una medida que va a servir para paliar la extremadamente grave situación por la que millones de familias pasan y van a pasar por culpa de la anterior crisis de 2008 y también por la actual crisis sociosanitaria. Los anuncios del gobierno durante un mes, repetidos por los altavoces de los dos partidos que lo conforman, los grandes y elocuentes titulares mediáticos, repetidos por doquier, incluso por la prensa derechosa, y el “no podemos criticar al gobierno porque están los ultras dándole por todos los lados”, todo ello, creemos que tapa la realidad que ya, desde antes de salir la medida en BOE, hay miles de personas que están descubriendo.

La realidad es fácil de desgranar. Se trata de conocer cuánto dinero se dedica a esta medida, y qué personas podrán optar a ella. Y, como complemento, es conveniente ponerlo en comparación con cantidades previstas en los programas electorales de PSOE y UP (sin pandemia de por medio) o cantidades que se están dedicando a salvar empresas o a presupuestos inamovibles, como puede ser el caso del Ministerio de Defensa.

La situación actual es fruto de la salida de una crisis que, nadie lo oculta ya, ha supuesto el enriquecimiento obsceno de las clases ya antes más acaudaladas y el empobrecimiento extremo de quienes ya lo eran, añadiendo en esta bolsa a las personas que han ido consiguiendo empleo pero que es tan precario que malamente les da para cubrir los gastos de vivienda y suministros básicos, exorbitados y sin control público.

Según el último informe AROPE de octubre de 2019, en el año 2018 un total de 12.188.288 personas, que suponen el 26,1 % de la población española estaba en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. Es decir, la cuarta parte de la población. La mitad de los y las españolas no llegaban a fin de mes. Y 2,5 millones de personas, el 5,4%, vivían ya en la pobreza severa, un 50% más que en 2008. Los datos de 2019 no los conocemos aún, y los provocados tras el 13 de marzo por culpa de la pandemia, podemos imaginarlos.

Y LA MONTAÑA DE LA PROPAGANDA PARIÓ UN RATÓN

Ante esta situación la medida del Ingreso Mínimo Vital, según el gobierno, aspira a llegar a 850.000 familias, que, de acuerdo a sus cálculos, supondrían unos 2,3 millones de personas. Esto quiere decir que ni siquiera llegaría a la totalidad de las personas que en 2018 ya estaban en la pobreza severa y que, sin ser muy pesimistas, aumentarán de forma dramática con el paso de estas semanas, como ya lo han hecho en las anteriores y como hemos podido comprobar a diario en las largas colas para la recogida de alimentos.

Pero hay un dato que ayuda a entender lo lejos que el ingreso mínimo vital está de poder ser considerada una medida histórica, el de los recursos que se van a destinar. Los partidos que hoy conforman el gobierno, PSOE y UP, tenían en sus programas electorales contempladas las cantidades de 6.000 y 10.000 millones, respectivamente, para la puesta en funcionamiento de una renta mínima de inserción, en sus múltiples denominaciones. Hace un mes, el 20 de abril, el Gobierno ya hablaba de 5.500 millones y el viernes pasado, tras el Consejo de Ministros, de 3.000. Pero la sorpresa llega esta mañana, en el decreto publicado en el BOE:  aparecen 500 millones de euros, un crédito extraordinario en forma de “Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital”. Lo histórico aquí parece más bien el escarnio y la estafa.

Asombra que el Gobierno reduzca de esta forma las cantidades comprometidas en sus programas electorales y en la propaganda, hasta llegar a esta cantidad ridícula. Pero además, demuestra una enorme soberbia al despreciar la nueva oleada de pobreza que está generando la crisis del coronavirus. La mejor demostración de ello es que para “el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud”, es decir en el último año.

La medida aprobada por el gobierno no tiene nada de novedosa ni de histórica. Se trata de una nueva experiencia de renta mínima, de las que ya existen en las distintas comunidades autónomas y nacionalidades del estado y que, de media, llegan al 7,6% de la población que tendría derecho a ellas, a pesar de las duras condiciones que hay que cumplir para ser considerado como susceptible perceptor.

Rentas mínimas que tardan hasta año y medio en ser reconocidas. Que son retiradas por cualquier motivo peregrino y que es casi imposible volver a recuperar. Son rentas que, como ocurrirá con el ingreso mínimo vital, estigmatizan a la persona que las percibe, a la que se le da un “carné de pobre” del que no puede separarse casi nunca.

A pesar de que el Gobierno anuncia rapidez y disminución de la burocracia, las previsiones de tramitación, resolución y regulación del silencio administrativo anticipan un futuro similar para el ingreso mínimo vital. Además, como se ha encargado de denunciar la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Centros Sociales, la tramitación va a recaer sobre los municipios, que ya de por sí no dan abasto ni por asomo con lo que tienen encima gracias a los recortes de personal fruto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013.

El decreto aprobado hoy por el Gobierno confirma los peores augurios y dibuja una renta mínima convencional, que en algunos aspectos incluso empeora el calvario burocrático e inseguridad jurídica tan habitual en todas las rentas mínimas autonómicas. Unidades de convivencia que incluyen a efectos de cómputo de ingresos a abuelos, nietos y cuñados; la inclusión de los itinerarios de inserción; los mecanismos de suspensión de la tramitación; la apelación constante a lo “que se determine reglamentariamente”… La pobreza en el laberinto burocrático, esa es la divisa también del ingreso mínimo vital.

En cuanto a las cuantías, cabe señalar que el Gobierno sigue sin cumplir la Carta Social Europea, que ratificó en su día. 462 euros, la cuantía aprobada para solicitantes sin menores a cargo, dista mucho del umbral de la pobreza (739 euros actualmente), el límite que la Carta Social establece para las rentas mínimas, subsidios y pensiones.

Resulta revelador también el papel de evaluación sobre el ingreso mínimo vital que el Gobierno adjudica a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el organismo creado en 2014 para velar por el cumplimiento del artículo 135 de la Constitución, o lo que es lo mismo por los intereses de la banca. La mano neoliberal que mece la cuna, atenta a que la demanda popular no desborde el corsé presupuestario.

LA ALTERNATIVA DE SENTIDO COMÚN: LA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA

Desde la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad y la Red de Renta Básica solicitamos, en los primeros días de confinamiento, la instauración de lo que hemos llamado Renta Básica de Cuarentena, o Renta Básica de Emergencia, que consiste en la concesión de la cantidad de 739€ por persona adulta (cantidad considerada como umbral de la pobreza y que es la que la Carta Social Europea exige como mínimo para las ayudas públicas) y 150€ por menor para toda persona que lo solicite en la situación actual, sin tener que aportar documentación alguna, que tenga una duración indefinida, y que se pueda regularizar en la declaración del IRPF del año próximo.

Tomar esta medida, para ocho millones de personas adultas y ocho millones de menores, supondría un gasto, desde abril a diciembre de 2020, de algo menos de 58 mil millones de euros. ¿Hace falta recordar cuánto dinero se gastó sin intención de devolver a los bancos? ¿Hace falta recordar que, para ayudas a empresas, este gobierno ya está dedicando 100 mil millones? ¿Hace falta recordar que este año se nos volverán a ir 30 mil millones en gastos militares?

Esta medida sí que entendemos que podría haber sido considerada histórica en nuestro país, pues no dejaría a nadie en la estacada mientras salimos de la crisis. Por supuesto que además de ella deberían ir aparejadas otra serie de medidas, fiscales, de redistribución, de reorganización de gasto, etc. Pero, en lo inmediato, en lo urgente, supondría volcarse con las personas y dar carta de realidad a las actuales declaraciones en torno al ingreso mínimo vital, a nuestro juicio absolutamente falsas, de que por primera vez se piensa en las personas.

Esta solicitud de la Marea Básica tuvo el silencio por respuesta. Sí que citaron a Cáritas, a Cruz Roja, o a FACUA. Pero a la Marea Básica y a los otros movimientos de la renta básica, no. Ahora entendemos el por qué. No querían ninguna voz discrepante, que les afeara el desatino y les recordara sus recientes discursos y compromisos.

Toca volver a luchar. La Marea Básica, junto al Plan de Choque Social, las Marchas de la Dignidad y un número de colectivos que cada día va en aumento auguran un resurgir imprescindible de la lucha social desde una nueva alianza que recuerde a tiempos muy cercanos y que aprenda de los errores cometidos entonces; el próximo día 10 habrá movilizaciones. Y otras se irán anunciando. Porque, por mucha parafernalia y propaganda mediática, la decepción empezó a germinar el mismo viernes 29, cuando se aprobó el ingreso mínimo vital.

Cientos de llamadas de personas preguntando si tenían derecho a la prestación han tenido que ser rápidamente contestadas negativamente, a pesar de que se trata de familias cuyos ingresos no les dan ni para pagar los gastos básicos. Y esa realidad va a provocar una frustración tremenda en esas personas, en esas familias, que vuelven a comprobar cómo el reparto del dinero —que como está más que comprobado, lo hay— se hace de forma que la inmensa mayoría va para los grandes capitales, que no quieren al Estado más que cuando no ganan lo que tienen previsto en sus cuentas de resultados, y que, sin embargo, para las personas que sufren las crisis que suelen provocar esas mismas entidades sólo hay migajas. Solo cabe la movilización para evitar la devastación de los individuos y de la comunidad, que puede provocar el desastre social que se vislumbra.

La situación que vivimos es equiparable a la de una enfermedad que mata. El virus lo ha hecho literalmente con cerca de 30.000 personas en nuestro país y ha destapado las miserias de las privatizaciones. Pero supongamos que estamos ante una enfermedad que mata salvo que se administre una pastilla a las personas. Imaginemos que tenemos pastillas para todos y para todas, pero en el reparto, sólo se aprueba suministrar pastillas para el 10% de la población. ¿Lo consideraríamos una medida social “sin parangón” porque en la anterior enfermedad no se le dio a nadie? ¿O, por el contrario, entenderíamos injusto, por emplear una palabra suave, el que no cubriera a todas las personas? Esa enfermedad, hoy, se llama hambre, exclusión, marginación. Y tiene solución.

Venimos defendiendo hace muchos años y lo seguiremos haciendo, la Renta Básica Universal, Incondicional, Individual y Suficiente. Pero hoy no hemos hablado de ella. Entendemos que, junto con otra serie de medidas como el reparto del trabajo, es indefectible su instauración a corto-medio plazo, no sólo en nuestro país, sino en todo el planeta para afrontar un cambio de sistema que prime la vida sobre la explotación ambiental y personal. Que garantice la dignidad a todas las personas que vienen al mundo y contribuya a redistribuir una riqueza cada vez mayor, concentrada cada vez en menos manos. Que se enfrente a la crisis del empleo que tiene su origen en la revolución tecnológica y que prevé acabar antes de 2040 con el 40% de los puestos de trabajo actuales.

Mientras ese debate se traslada a la sociedad y se aglutinan fuerzas alrededor de él, también entendemos de escenarios. Y el actual implica esa Renta de Cuarentena o Emergencia por la que ya se han producido movilizaciones pequeñas en función de las medidas de desescalada (con represión policial, por cierto, que contrasta con los aplausos o las miradas hacia otro lado de las llevadas a cabo por la ultraderecha sin cumplir esas medidas).

Pero la lucha por los derechos sociales ha vuelto a empezar ya. Serán tiempos de politización de gentes que no creían que llegaría el momento de tener que pelear por su presente. Y para hacerlo, no tendrán ninguna bandera que les cubra sus necesidades. Será con organización, debates asamblearios, propuestas colectivas y movilización como se conseguirán los derechos humanos básicos. Como ha ocurrido a lo largo de la historia en innumerables ocasiones. A ese afán de solidaridad y de lucha os convocamos.

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