Comunicado de USTEA ante el proceso de escolarización 2022-2023

En las últimas semanas, durante el proceso de escolarización, los responsables de la Consejería de Educación y sus delegaciones provinciales vienen repitiendo insistentemente que “sobran” plazas escolares y que la “ratio media” está descendiendo, todo ello como consecuencia de la bajada de natalidad. Lo cierto es que el concepto de “ratio media” esconde la realidad de muchos centros educativos. Más allá, solo se suprimen clases en los colegios públicos. En ellos no se aplica la bajada de ratio real que reclaman docentes y familias.

Pueden tomarse como ejemplo los datos publicados en relación a Sevilla capital, aunque el análisis es válido para todas las localidades y provincias y, en general, extrapolable a toda Andalucía.

Si bien es cierto e innegable que se está produciendo un descenso de la natalidad, la afirmación de que “sobran plazas” solo se sostiene partiendo de que cada clase debe tener una matrícula de 25 niños y niñas en Educación Infantil. Esa no es la ratio ideal, sino la ratio máxima legal permitida por la normativa estatal. Sin embargo, en la planificación de la Consejería de Educación y de sus delegaciones territoriales, este número se toma como medida para la autorización de una unidad escolar.

Además, hay centros educativos en los que mantener esa misma ratio carece de toda lógica. Solo con un criterio administrativo que desconoce las necesidades del alumnado de Educación Infantil se puede mantener, por ejemplo, que en el CEIP Alfares de Triana “sobran plazas”, habiendo recibido 16 solicitudes para las 25 plazas ofertadas. Este es un centro de referencia para la educación de niñas y niños sordos. Recibe alumnado con unas necesidades específicas muy concretas y que necesita de una atención especializada. Es difícilmente sostenible decir que “sobra” tiempo y dedicación para que una única persona atienda en la misma clase a 16 niños y niñas de 3 años, algunos con estas necesidades especiales. Aunque este es un caso especialmente llamativo, todas las clases de los colegios públicos andaluces atienden a un número significativo de alumnado con necesidades específicas. Al maestro o la maestra que debe atender a 25 menores de 3 años, incluyendo aquel con necesidades específicas, lo que le “sobran” son niños (entiéndase la ironía).

Cuando la demanda de plazas baja de 25 alumnos, se suprimen clases. Cuando después vuelve a crecer la demanda, ya no se recuperan. Si un centro público no alcanza el número máximo permitido de alumnos por unidad escolar en la matrícula, la administración educativa suprime una clase. Pero sólo sucede con los públicos. La misma situación en un centro concertado no produce el mismo efecto, pues los conciertos se conceden por cuatro años y el descenso de matrícula no afecta al número de unidades escolares concertadas.

Así, el curso pasado el colegio concertado San Isidoro del Casco Antiguo recibió 15 solicitudes para Infantil de 3 años, manteniendo intacto su número de unidades escolares. En cambio, el colegio público San Jacinto de Triana, con el mismo número de solicitudes, sufrió la pérdida de una clase de este nivel educativo. El ejemplo más flagrante de esto es el del CEIP José María del Campo de Triana. El curso pasado perdió una unidad de Infantil de 3 años, sin esperar a la matrícula extemporánea de septiembre que, debido a esta supresión, no pudo atender, a pesar de recibir solicitudes.

Este curso se ha invertido la tendencia y el mismo colegio ha recibido 42 solicitudes, teniendo autorizadas en la oferta inicial solo 25, sin que hasta el momento la Delegación de Educación haya abierto la posibilidad de que el centro recupere la segunda unidad de Infantil de 3 años.

Además del José María del Campo, otros colegios públicos han recibido un mayor número de solicitudes que de plazas autorizadas en la oferta inicial por la Delegación de Educación de Sevilla, como el Sor Ángela y el Ortiz de Zúñiga. Aplicando el criterio de la administración, será difícil que vean aumentada su oferta educativa. En cambio, hay varios colegios concertados que no han alcanzado el número de solicitudes para cubrir las unidades escolares disponibles: Cristo Rey, Protectorado de la Infancia, Santa Ana, Calderón de la Barca, Ángela Guerrero, Salesianas, Las Esclavas o el Corazón de Jesús Cluny, solo tomando como referencia los datos publicados. Cierto que también hay centros públicos en esta situación: serán éstos los que sufran la pérdida de unidades escolares y no los centros privados sostenidos con fondos públicos que tienen garantizado el mantenimiento de sus clases, debido al sistema de conciertos.

Con todo lo anterior, esperamos que se comprenda el punto de vista de la comunidad educativa de la escuela pública andaluza que ve reducido año a año sus unidades escolares, mientras las niñas y niños se concentran en clases de 25, sin que sus necesidades puedan ser debidamente atendidas, especialmente en el caso del alumnado con NEE y NEAE. Docentes y familias no entendemos que “sobren” plazas, sino que faltan recursos materiales y humanos para una atención individualizada de calidad. Tampoco entendemos la insistencia de la administración en hablar de “ratios medias”, siendo la realidad que la ratio baja fundamentalmente en los centros concertados que mantienen sus unidades escolares, por baja que sea la matriculación. Es por eso que exigimos desde hace años una bajada de ratio real por ley en todos los centros educativos, también en los públicos que deben pelear por alcanzar una matrícula de 25 por clase para mantener su oferta educativa.

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