La Carta Social Europea, ratificada por el estado español, recoge la recomendación de que el Salario Mínimo sea igual al 60% del salario medio. Es decir, para España sería 1.154€ en 14 pagas (año 2020). Nuestro país la firmó en octubre del año 2000, pero no ha entrado en vigor hasta el 1 de julio de este año con más de 20 años de retraso.
Para la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, los compromisos sociales son sistemáticamente incumplidos «en beneficio de una patronal elusiva de impuestos, insolidaria y depredadora de las ayudas públicas. Por ello, su actual importe sigue estancado en los 950€ y el horizonte actual no augura una actualización a corto plazo. Esto, sumado a las reformas laborales de 2010 y 2012 produce la paradoja de trabajadores empobrecidos, incapaces de llegar a fin de mes y receptores de futuras pensiones de pobreza, lo que agravará, con el tiempo, la situación del sistema público de pensiones«.
En la actualidad, 6 millones de pensionistas (el 60% del total) no alcanzan el salario mínimo, de ellos 600 mil jóvenes pensionistas. El tramo de pensión más habitual está comprendido entre 650 y 750€ y más de 2 millones no llegan a 500€. De estas últimas, millón y medio son mujeres. Una mención especial merece la pensión de viudedad, mayoritariamente de mujeres, de las cuales más de un millón ochocientas mil tampoco llegan al salario mínimo. Se eleva así la brecha de género en pensiones a un vergonzoso 37%.
Las consecuencias de esta política de pensiones, ha llevado a que en la actualidad un 19% de personas mayores de 65 años vivan en pobreza severa o en riego de pobreza. Porcentaje que seguirá aumentando con las desmesuradas subidas de los suministros básicos como luz, alquiler y cesta de la compra. Es un fracaso como sociedad que muchas personas jubiladas estén en las colas del hambre.
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) manifiesta que «estará siempre a favor de la justicia social y contra la beneficiencia, Si más del 70% de los ingresos por impuestos provienen de las familias trabajadoras y se recauda más por la renta que por el impuesto de sociedades, esas familias deben ser las beneficiarias del esfuerzo solidario«.
«Dado que el Sistema Público de Pensiones es suficiente y sostenible, según demuestran los estudios efectuados hasta ahora, más de 800 mil millones de deuda histórica del Estado a la caja de la Seguridad Social, no hay motivo económico que impida la exigencia de COESPE de PENSIÓN MÍNIMA IGUAL A SALARIO MÍNIMO. Con ello acabaríamos con la pobreza de millones de personas pensionistas.»
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