Ángel B. Gómez Puerto.
Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Es una obviedad, pero nuestra Constitución no sólo organiza los poderes del Estado y proclama derechos. Aunque en menor cuantía, también inserta obligaciones, deberes de ciudadanía.

Como una obligación general, el importante artículo noveno, en su apartado primero, establece el sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico de todos los poderes públicos y de la ciudadanía. Nadie está al margen del cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales, no caben objeciones, ni de conciencia ni ideológicas, en dicha observancia necesaria.

Las obligaciones constitucionales, los deberes de ciudadanía tienen un claro sentido de compromiso democrático, de sociedad democrática avanzada, de apuesta por el bien común.

La lista constitucional de deberes de la ciudadanía no es muy amplia como expresaba al inicio. Entre dichas obligaciones podemos citar el conocimiento de la lengua del Estado (art.3); el carácter obligatorio de la enseñanza básica (art.27); defender España (art.30); el deber de trabajar (art.35); las obligaciones de los progenitores en relación con los hijos e hijas, dentro y fuera del matrimonio (art.39); los deberes en relación con la salud pública que se establezcan por ley (art.43); el deber de conservar el medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales (art. 45); el deber de comparecer ante el Congreso en comisiones de investigación (art 76); o el cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones judiciales (art. 118).

Pero, además de los anteriores, nuestro texto constitucional recoge un deber de ciudadanía esencial para la efectividad del Estado social proclamado en el primer artículo. Se trata de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que proclama el artículo 31.1, expresando que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

En tiempos de pandemia, y a su vez de planteamientos políticos insolidarios de bajadas de impuestos, creo que el principio de progresividad fiscal consagrado supone la posibilidad de un aumento de la presión tributaria sobre quienes (personas o empresas) posean mayor capacidad económica, base para el sistema de servicios públicos y para la efectividad de nuestro Estado social, base para caminar hacia la justicia fiscal. El propio Tribunal Constitucional proclamó que “el principio de capacidad económica incorpora la exigencia de buscar la riqueza allí donde ésta se encuentra” (STC 27/1981).

Pagar impuestos conforme a la capacidad económica de cada persona o empresa es la base de nuestro Estado social y democrático Derecho. Es la principal obligación que tenemos la ciudadanía para lograr la solidaridad real y efectiva. En este largo tiempo de pandemia y sus graves consecuencias sociales y económicas, el deber de ciudadanía de tributar de manera justa es aún más relevante, y los poderes públicos tienen en el artículo 31 de la Constitución un claro mandato para contribuir al bien común.