El sindicato achaca esta situación a errores en la tramitación de los nombramientos de ese profesorado. Y relacionan ejemplos en todas las provincias, como los centros de educación especial La Merced de Jerez y el Rosa Relaño de Almería, el CEIP Lora Tamayo y el IES Cervantes, ambos de Sevilla capital, el IES Ben-al-Jatib de Málaga o el CEIP Virgen de la Luna en Pozoblanco. Esta falta de profesorado tiene, a juicio de USTEA, gravísimas consecuencias en la integración educativa del alumnado, así como para la conciliación de sus familias y para el trabajo del profesorado de sus centros educativos.

El sindicato lamenta que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP eche balones fuera, culpando a la de Función Pública de este error de gestión que dejará al alumnado desatendido, al menos, durante las próximas dos semanas.

Cabe recordar que el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) realiza tareas imprescindibles para garantizar el derecho a la educación del alumnado de educación especial. Para USTEA “no puede admitirse que la administración educativa ponga como excusa problemas informáticos para tratar de justificar que la contratación de este personal aún no se haya hecho efectiva, con el curso ya empezado“.

Desde el pasado marzo, durante el periodo de escolarización, la administración educativa conoce los recursos que debe asignar a cada centro educativo para atender a su alumnado, en función de sus necesidades educativas especiales. Sin embargo, hace ya más de dos meses que se resolvió el proceso de estabilización y el concurso de traslados del personal dependiente de la Consejería de Función Pública sin que se haya resuelto la problemática.

USTEA denuncia que la campaña propagandística de la Junta que arrancó en julio, con el anuncio de creación de cien plazas de PTIS, choca con la realidad de colegios e institutos de toda Andalucía, donde el alumnado de educación especial ha comenzado el curso sin este personal esencial. “Se está socavando el derecho básico y fundamental del alumnado de educación especial al acceso a la educación en condiciones de igualdad, obligando a sus familias a decidir entre renunciar a llevar a sus hijas e hijos a clase o hacerse cargo de su atención en el centro y al mismo tiempo, se sobrecarga de trabajo al personal docente y al resto del personal educativo“, denuncian.

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