Adelante Andalucía ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que no lastre con recortes presupuestarios la apuesta de universidades andaluzas como la de Córdoba por la investigación. La parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, ha denunciado el recorte de 131 millones previsto por el Gobierno andaluz para las universidades públicas andaluzas y pide conocer de qué manera afectará a cada una de las instituciones de la región, que estaban ya de por sí «infrafinanciadas» tras varios años de recortes.

Para Naranjo, retirar un 10% del presupuesto a universidades como la de Córdoba supone «un duro golpe a la apuesta por la investigación y el empleo justo cuando la crisis de la Covid-19 pone de manifiesto la urgencia de cambiar el modelo productivo hacia actividades que generen mayor valor añadido, como es el caso del I+D y el desarrollo». Por ello, la Universidad pública debería jugar «un papel fundamental en la reactivación económica y la búsqueda de soluciones» a esta situación.

La parlamentaria de Adelante Andalucía sostiene que «este es el peor momento para plantear recortes en servicios públicos» y lamenta que «las derechas que gobiernan la Junta de Andalucía pretendan repetir los errores de la crisis de 2008, cuando la Universidad pública fue también una de las grandes damnificadas, mientras se mantienen favores fiscales a las grandes fortunas».

Según Naranjo la apuesta por los servicios públicos es una cuestión de «voluntad y prioridad política vinculada a la igualdad de oportunidades ya que la Universidad pública es el instrumento que garantiza que los hijos e hijas de familias trabajadoras puedan acceder a estudios superiores en las mismas condiciones que los que más tienen».. Asfixiar económicamente a las universidades públicas supone «atentar contra ese principio de igualdad».

En esta línea, Naranjo ha señalado que «es posible hacer las cosas de otro modo», y el ejemplo más reciente está en la decisión del Gobierno central de «incrementar en 179 millones de euros las becas para garantizar el acceso a la universidad, priorizando los criterios económicos sobre la excelencia académica».

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