Se preguntan por qué estas trabajadoras, en evidente contacto en espacios pequeños y cerrados con personas que pueden tener el virus, no son consideradas como socio-sanitarias y sí lo son las docentes.

Acusan al gobierno de la Junta de Andalucía de dejar a su suerte a estas trabajadoras.

Y al central de no tomar medidas efectivas para los y las trabajadoras en general por miedo a la patronal.

CTA ha ejemplificado con dos casos de entre muchos que vienen detectando, según denuncian, el abandono absoluto en el que se encuentran las Auxiliares de Ayuda a Domicilio en Andalucía. La falta de pruebas PCR a trabajadoras que han estado atendiendo a personas con dependencia que han dado positivo las están poniendo en peligro a ellas y a sus familias, y, una vez detectado los positivos por vías que no son las que deberían llevar por su puesto de trabajo, no se les hace seguimiento alguno y solo se les llama para advertirles del alta laboral y su incorporación al día siguiente a su puesto de trabajo.

El sindicato se lamenta de que a las y los trabajadores se les trate “por debajo de la consideración de ciudadano“, y recuerdan que este sector de la Ayuda a Domicilio, además, hace una labor especialmente importante y vital, al “atender personas mayores que necesitan ayuda en su domicilio para sobrevivir; atienden a personas encamadas, personas con graves problemas de movilidad, la mayor parte de ellas de avanzada edad, personas que no pueden cocinar, ni lavarse solas, algunas ni comer, que dependen de esas auxiliares para hacer las compras más básicas, que dispensan el medicamento prescrito por los médicos de familia, personas  que a veces necesitan tareas de limpieza en el domicilio“.

Por ello, CTA asegura no llegar a entender como el gobierno estatal a estas trabajadoras no se les considera como personal socio-sanitario, como sí se ha hecho con las que trabajan en residencias o incluso al personal docente. Cualquier contagio por Covid para ellas no será accidente de trabajo y se considerará una enfermedad común. En este sentido, muestran su preocupación por aquellas madres y padres trabajadores que tengan algún hijo o hija en cuarentena. CTA recuerda que “la patria potestad es un deber inexcusable, penado si no se cumple con él, y la manutención de los hijos también. El Gobierno está tardando, en regular esta situación, ¿o no lo hace por miedo a la Patronal?

Otra muestra de todo ello es, denuncian, el hecho de que en muchas residencias de mayores se han hecho las pruebas de comprobación sobre el COVID-19 hasta cinco veces pero “el Gobierno de la Junta de Andalucía del P.P. y Cs ni se lo hacen a las trabajadoras del SAD, ni obliga a las empresas a que los hagan“.

CTA exige respuestas claras y menos postureo y competición política, en la que incluyen a contertulios bien pagados con el fin de deteriorar la imagen de quien defiende los intereses de la clases trabajadora. “¡Vergüenza si la hubiera le tenían que dar maltratar al pueblo trabajador y abandonarlo a su suerte, con una pandemia tan grave como la que estamos sufriendo!“, concluye el comunicado.