Artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 47 de la Constitución Española.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.

Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Comenzamos este editorial relatando los artículos de los tratados internacionales firmados por nuestro país y que nuestras administraciones públicas están obligadas a cumplir, y en consecuencia también el ayuntamiento de nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Córdoba.

Pero resulta que esto no va a ser así con las personas a las que se refugió en el Colegio Mayor Séneca, personas sin hogar, pero con derechos. Se les llevó al Colegio Mayor Séneca, un espacio sin uso, que la Universidad de Córdoba cedió para poder sacar de la calle durante el confinamiento a quienes no tenían un techo donde refugiarse, en teoría para protegerles de la COVID-19, pero ahora que el riesgo de contraer la enfermedad ha disminuido, se les echa de nuevo a la calle, lo que nos hace preguntarnos si se actuó en interés de estas personas o si se actuó por otros intereses que no se pueden reconocer públicamente: ¿para que no contagiaran a los demás? ¿para que la sociedad no pudiera acusarles de falta de humanidad? ¿para no enfrentarse a ningún problema legal?

Ayer publicábamos un extenso artículo en el que exponíamos cómo la experiencia del Colegio Mayor Séneca, hasta el día de ayer, había sido un éxito, cómo muchas personas habían recuperado la fe en sí mismos y en la sociedad, cómo personas con adicciones las estaban superando y cómo quienes estaban condenados a vivir, y morir, en soledad habían encontrado un núcleo casi familiar donde desarrollar una vida con dignidad, la que es imposible tener viviendo en la calle.

Y esa experiencia, que podría ser pionera en nuestro país y un ejemplo de cómo las administraciones pueden garantizar, como es su obligación, el derecho humano a vivir bajo un techo digno, se puede tornar en una acción torticera e inhumana si, como todo apunta, se vuelve a mandar a la calle a esas personas, una calle que se ha demostrado que las condena a morir. Mientras escribimos este editorial, por desgracia, nos confirman el desalojo de estas personas de las dependencias universitarias.

Para colmo, la Delegada de Servicios Sociales afirma que «se trataba de un recurso con fecha de caducidad y que siempre ha estado ligado al estado de alarma, por lo que no tiene sentido su continuidad. Es más, en su opinión, parte del éxito de la experiencia está en su carácter temporal«.

Y nosotros nos preguntamos ¿los derechos humanos «caducan»? ¿son para todos los humanos o solo para algunos? ¿cómo puede alguien, con la responsabilidad de la Delegación de Servicios Sociales, decir que es «parte del éxito» de esta experiencia dejar de garantizar el cumplimiento de un derecho humano?

No podemos entender y denunciamos esta actitud inhumana de nuestro Ayuntamiento, que vuelve a mandar a la calle a decenas de personas, y además presume que durante un tiempo cumplió con su obligación legal de garantizar sus derechos humanos, pero después, aún teniendo medios, decidió dejar de hacerlo, y a esta decisión incalificable la tildó como «parte del éxito».

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