USTEA organiza una mesa redonda en torno al llamado PIN parental, o VETO parental, como prefieren llamarlo desde el profesorado.

La conclusión principal de las intervenciones gira en torno a la ilegalidad de esta propuesta, aunque sí que ha conseguido marcar la agenda política. Entienden que es un ataque directo a la educación pública.

Las intervinientes también destacan la valentía que el profesorado, y sobre todo, los equipos directivos, han de mostrar en estos momentos ante la intimidación del partido ultra.

La mesa de debate, celebrada ayer día 29, fue inaugurada por la responsable de la Secretaria de Géneros e Igualdad de USTEA en Jaén, Lola Aguayo, y, con la moderación de su homónima en Córdoba, Belén Jiménez, se pasó a las intervenciones de Pura Sánchez, profesora jubilada y activista; Esperanza Cordón, representando a las familias y maestra; Mabel Liquiñano, representante de la Plataforma Nosotras Decidimos. Asociación Yerbabuena, Alicia V., alumna de 4ª de ESO y Sandra Serrano, maestra y ex-miembra del equipo directivo del Colegio de Educación Infantil y primaria Obispo Osio.

La charla-debate, que se extendió en casi dos horas, fue desgranando lo que, en opinión de las intervinientes, está suponiendo el PIN parental propuesto por VOX y asumido en algunos territorios por PP y C’s.

Una de las ideas principales en las que coincidieron todas las conferenciantes fue en la clara ilegalidad de la puesta en marcha de este veto. Entienden, pues, que será algo con un recorrido legal nulo, pero que sí que ha conseguido ser portada mediática y, además, amedrentar al profesorado. En este sentido, Pura Sánchez denunció, a modo de ejemplo de lo que nos espera, el intento de anular unas jornadas sobre Memoria Histórica, en las que ella participó en un Centro de Sevilla, intentando la Delegación de Educación fiscalizar “el grado de violencia del que se podía hablar en ellas”. Sánchez, una de las ponentes, explicó que algunos miembros del profesorado de ese centro expresaron ese miedo con un “ya dije yo en el claustro de profesores que mejor no meternos en líos”. Por lo tanto, sin necesidad de llegar a medidas legales por la implantación del veto, puede ocurrir que el profesorado, ante la virulencia de las personas que impugnan los contenidos de las actividades complementarias (llegando incluso a denuncias) se autocensuren.

En todo caso, es fundamental incidir en que tanto la Constitución Española como las distintas leyes y normas estatales y autonómicas, obligan al profesorado a trabajar en la educación en igualdad, en los derechos humanos y en los derechos de la infancia, de una forma transversal a través de los contenidos intra y extracurriculares, supervisados desde la autoridad educativa y que, además, pueden ser participados por padres y madres, y aprobados en Consejo Escolar. En este sentido, se incidió en que el supuesto derecho a la libertad de elección que se defiende desde el partido ultra es algo que no existe. Lo que sí amparan nuestras leyes es el derecho a la educación, con fondos públicos. Todo en busca a una igualdad real, a una libertad que sea para todos y todas y no en contra de nadie. ¿O es que los niños y niñas de barrios marginados tienen libertad de elección?, se preguntaba Pura Sánchez. En este sentido, una de las incongruencias que se desmontaron en la charla fue la libertad de elección de centro que se reclama, pero, eso sí, pagado con fondos públicos.

La argumentación en la que se basa la implantación del veto parental también fue objeto de debate. Los motivos del llamado PIN parental, según las ponentes, están basados en el odio, el racismo, el machismo y la persecución a las distintas opciones afectivo-sexuales, es decir, a la diversidad sexual. VOX plantea en su programa que “evitará el adoctrinamiento en materias de igualdad y relaciones afectivo-sexuales en defensa del profesorado, del alumnado y de las familias”. Pero, para defender al profesorado, ¿le implantan un veto parental? ¿No les preocupa las condiciones en las que trabaja, las ratios, la falta de profesorado? Si les preocupa el alumnado, ¿no les preocupa la masificación, la climatización, los recortes? ¿Por qué no firman la Declaración de los Derechos del niño? Si les preocupa las familias, ¿por qué no se interesan por la desaparición de las escuelas rurales? Las ponentes, en cambio, entienden que lo que se produce es un ataque directo a la escuela pública, que, precisamente, se caracteriza por todo lo contrario al adoctrinamiento. Tiene profesorado muy preparado iniciando su formación en la Universidad, pasando por unas oposiciones durísimas y muy vigiladas por las que, por cierto, no pasa el profesorado de la escuela concertada o privada, y con formación permanente que le ofrece los Centros de Profesorado. En los equipos educativos hay personas de todas las ideologías que, junto con los padres y madres, marcan los contenidos en Consejo Escolar y hacen posible que, en clase, el alumnado pueda tener todas las versiones posibles indistintamente de la forma de pensar del profesor o profesora. Cuestión que tampoco ocurre en las concertadas o privadas, donde la persona docente que se sale de la línea ideológica no tiene cabida. El profesorado educa acorde a la normativa, no acorde a su ideología, y la LOMCE (2013), ley original del PP, marca claramente, educar en igualdad y en la diversidad sexual, en la tolerancia y el respeto mutuo. Cabe resaltar que esta ley fue la que le quitó el poder de decisión a las familias en el Consejo Escolar.

Las ponentes, mayoritariamente profesoras en ejercicio o recientemente jubiladas, aseguraron que nunca habían visto o  nunca les había denunciado nadie porque se  diga en la escuela, a los chicos y chicas, si han de ser gays, lesbianas, heterosexuales o cualquier opción sexual, porque eso no lo hace la escuela pública. Sin embargo, sí que han trabajado en que se respeten todas las opciones, porque la sociedad es diversa y tiene que conocer esa diversidad para saber convivir en un futuro y convertirse en ciudadanos y ciudadanas tolerantes y democráticos. Algo similar a lo que ocurre con el tema de la Memoria Histórica, en el que, desde la escuela pública, siempre intentan enseñar los conocimientos completos y educar en el respeto a las dos partes, por lo que no entienden que se les acuse de adoctrinamiento. Y es que todas coincidían en que, lo que está detrás de la actitud de la derecha y la ultraderecha es ejercer el control sobre los y las docentes, vertiendo sobre ellas una mancha, una duda. Cuestión que guarda gran similitud con la actitud hacia la mujer en tiempos del franquismo.

Esperanza Cordón, desde su experiencia en el trabajo con familias, expresó que su diversidad ya está presente en la sociedad y en los centros escolares, con familias monoparentales, separadas, reconstruidas, homosexuales,… por lo que es imposible ir contra esa realidad. También informó de una encuesta que han llevado a cabo en varios centros de la ciudad en torno a la opinión de padres y madres sobre el PIN parental, de la que han sacado cuatro conclusiones:

  • Se trata de una cortina de humo de VOX para distraer los problemas reales de la escuela pública, que son las ratios, la climatización, los cierres de líneas, la poca participación de las familias…
  • Aunque el PIN parental se aplique a materias complementarias, han conseguido que se extienda de facto a todo el curriculum.
  • A los padres y madres les preocupa que este veto paralice al profesorado. Y creen que es algo que ya está ocurriendo, a pesar de que leyes aprobadas por la derecha, como la LOMCE, obligan a hablar de violencia de género, de diversidad, de igualdad y de respeto. Sin embargo, en la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, cada vez se ven más películas o se hacen tareas de otras asignaturas. El alumnado declara que tiene la impresión de que “van a quitar esa asignatura”.
  • Los padres y madres entienden que han de luchar, apoyando al profesorado y sus equipos directivos, para evitar que el veto sea un hecho aunque no pudiera implantarse legalmente.

Otra cuestión en la que coincidieron las ponentes fue en la idea del ataque a la escuela pública y, en ese sentido, Sandra Serrano apuntó “la casualidad” de que esta mentira que ha tomado relevancia mediática haya sido lanzada cuando estamos en puertas de los plazos para la escolarización del próximo curso.  Está claro que es una campaña de desprestigio para lanzar a las familias a optar por la educación concertada.

Y finalmente, surgió la pregunta sobre qué actitud y medidas deberían plantearse desde la comunidad educativa. Sobre si es conveniente o no entrar en el falso debate planteado. Y la conclusión fue:

  1. Sí que hay que entrar en el debate y rebatir, pero desmontándolo con argumentos y datos y, sobre todo, con mucho humor, que es lo no soportan desde la ultraderecha.
  2. Hablar de los verdaderos problemas de la educación pública.
  3. Hacerle ver al profesorado que la comunidad educativa y la sociedad en general les apoya. Hay que evitar que los claustros no hagan lo que les obliga la ley por “no tener problemas”
  4. Hacer un trabajo con las familias, colaborativo con el profesorado. De igualdad, de sexualidad, de diversidad debe hablarse en la escuela y en la casa. Y practicarlas.
  5. La Escuela Pública es la vacuna contra el adoctrinamiento. Adoctrinamiento que sí que aparece en las asignaturas de religión, donde los y las profesoras son puestas a dedo por los órganos rectores de las distintas confesiones, y se pagan con dinero público.

Como complemento a esta información, adjuntamos la intervención final de Pura Sánchez como respuesta a una pregunta lanzada desde el público asistente a la jornada: