Un panorama muy negro para el futuro a pesar de que los desahucios disminuyeron en Córdoba en 2020

En Córdoba el número de desahucios ha descendido como resultado de las medidas tomadas durante el Estado de Alarma y de la suspensión de muchos de los procedimientos en curso.

En el 2º semestre de este año y el 2022, es previsible que aumente el número de desahucios en nuestra ciudad, ya que a los lanzamientos suspendidos habrá que sumarles todos los derivados de los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados durante los últimos tres años y todos aquellos derivados de impago de alquiler como efecto de la crisis producida por la pandemia.

La falta de respuestas concretas y efectivas ante la misma por parte de los Gobiernos Local y Autonómico en materia de servicios sociales, ayudas directas y vivienda, no hace más que agravar una situación ya nefasta de por si y oscurece aún más el panorama futuro de nuestra ciudad.

10 marzo, 2021

Sandro Mora, activista de Stop Desahucios Córdoba

Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” hecho público por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados en 2020 en Córdoba ciudad fue de 156 (un 60% del total de los lanzamientos habidos en la provincia de Córdoba), lo que supone un descenso del 37,4% respecto a 2019 donde se realizaron 249. De esos 156, un 67,30% (105) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbano (LAU), mientras que derivados de ejecuciones hipotecarias fueron alrededor del 23,71% (37). El 9% restante (14) fueron por otras causas. Estos números suponen un descenso respecto al año anterior de un 40,32% en el número de lanzamientos por ejecución hipotecaria y un descenso del 35,97% en el de lanzamientos derivados de la LAU.

A nivel provincial, el número de lanzamientos practicados en 2020 fue de 260, un descenso del 46’5% respecto a 2019 donde se realizaron 486. De esos 260, un 62% (161) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbano (LAU), mientras que derivados de ejecuciones hipotecarias fueron alrededor del 31% (81). Estos datos suponen que los lanzamientos derivados de la LAU han descendido en la provincia de Córdoba un 40,5% respecto del año pasado y los derivados de ejecuciones hipotecarias un 56%.

En Andalucía, al igual que en Córdoba se ha producido un notable descenso de los lanzamientos de un 38,5% pasando de 8.806 a 4.517 en 2020, de los cuales un 65,13% (2.942) son derivados de impago de alquiler y un 29,86% (1.349) son derivados de ejecuciones hipotecarias. De este modo se ha producido un descenso en ambas estadísticas respecto al 2019 de un 57% en lanzamientos por ejecuciones hipotecarias y de casi un 43% por la LAU. Aún así, Andalucía ha sido la segunda autonomía de España en número de lanzamientos, también detrás de Cataluña.

En España el número de lanzamientos practicados en 2020 ha sido de 29.406, lo que supone un descenso del 45,6 por ciento respecto a 2019. De ellos un 71,9% por ciento (21.145) son consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, mientras que el 23,5% (6.915) son directos de ejecuciones hipotecarias. Los lanzamientos por impago del alquiler han experimentado una disminución del 42%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias han bajado un 51,3%.

Respecto al número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, el año pasado 2020, ha disminuido un 5% respecto al 2019 en la provincia de Córdoba, mientras que en Andalucía, en su conjunto, han experimentado una subida del 13% y en España del 17,5%, siendo el primer incremento observado desde el año 2.012.

En el resto de Andalucía han aumentado los procedimientos iniciados pasando de 3.292 a 3.792. Se ha producido en incremento en Almería, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla, mientras que en Córdoba y Huelva han descendido y en Granada se ha mantenido el mismo número. Esto hace que Andalucía sea la segunda autonomía de España donde más procedimientos de ejecución hipotecaria se han presentado, por detrás de Cataluña.

En España el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020 fue de 20.460, un dato que refleja un aumento del 17,5% respecto a las iniciadas en 2019. Al igual que en Córdoba, se observa un aumento pronunciado los dos últimos trimestres del 2020, de un 54% respecto a los dos primeros trimestres.

En relación a los juicios verbales posesorios por ocupación de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, en Córdoba han ingresado 32 asuntos de este tipo, resolviéndose 26 y quedando en trámite un total de 22. Esto supone un aumento de los asuntos ingresados respecto del 2019 donde fueron 22 los asuntos ingresados por esta naturaleza.

En Andalucía han ingresado 827, un 24 por ciento del total nacional (le siguen Cataluña con 746 y Comunidad Valenciana con 396), lo que supone una subida del 7% respecto del año anterior. Se han resuelto 558 y quedan en trámite 737 aún.

En España durante el pasado ejercicio ingresaron 3.446 asuntos de esta naturaleza en los órganos judiciales, un 191,8 por ciento más que en 2019, habiéndose resuelto 2.876.

En Córdoba, a pesar que los datos puedan parecer positivos, reflejan un incremento en el número de ejecuciones hipotecarias en el tercer (65) y cuarto trimestre (64) del año frente a los dos primeros (42 y 29) y también respecto al tercer (47) y cuarto (40) trimestre del año pasado. El número de desahucios ha descendido como resultado de las medidas tomadas durante el Estado de Alarma y de la suspensión de muchos de los procedimientos en curso. Pero en el segundo semestre de este año y el 2022, es previsible que aumente el número de desahucios en nuestra ciudad, ya que a los lanzamientos suspendidos habrá que sumarles todos los derivados de los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados durante los últimos tres años y todos aquellos derivados de impago de alquiler como efecto de la crisis producida por la pandemia. La falta de respuestas concretas y efectivas ante la misma por parte de los Gobiernos Local y Autonómico en materia de servicios sociales, ayudas directas y vivienda, no hace más que agravar una situación ya nefasta de por si y oscurece aún más el panorama futuro de nuestra ciudad.

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