Si algún sector está creando pobreza y desasosiego en nuestra sociedad, ese es el energético. Los últimos años, las subidas que ha ido experimentando el precio de la luz han sido inversamente proporcionales a la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población. Mientras que un estudio de la Unión de Sindicatos Europeos (ETUI) señala que los salarios en España eran un 3% más bajos que en 2009, el recibo de la luz ha subido un 86% en los últimos quince años, hasta septiembre de 2018, aunque en este ultimo año las subidas han continuado e incluso terminaremos el año pagando impuestos atrasados que las eléctricas reclamaron al Tribunal Supremo, ya que entendían que deberían pagarlos los consumidores y no ellas. Después de lo ocurrido en 2018 con la marcha atrás del mismo Tribunal Supremo sobre quién debería pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (primero dijo que la banca y, tras la protesta de esta, cambió la sentencia), poca duda nos cabía en la decisión sobre estos impuestos autonómicos sobre la energía.
Mientras que partidos como PP, C’s, PSOE y, en el colmo de la desfachatez, VOX, se autoproclaman, con el fervor de los grandes medios de comunicación como los partidos “constitucionalistas” por su defensa de la “unidad de España”, quizá los electores tendríamos que prestar atención a qué artículos de la Constitución, además de al 2, dedican sus esfuerzos las distintas formaciones políticas que se presentan a las elecciones.
En este sentido, uno de los artículos que determinan más las políticas que se generen, sin duda es el 128, que dice que “toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.” Si este artículo se cumpliera, automáticamente se irían cumpliendo otros como el 31.1. “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio” para buscar una sociedad más igualitaria.
Las candidatas de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, Martina Velarde y Carmen María Ruiz, defendieron en un acto electoral el pasado viernes que “es urgente nacionalizar el sector energético para el desarrollo de una vida digna. Es necesario que los suministros energéticos tengan un precio justo y se garanticen a todas las personas”. Una medida que, habitualmente, los partidos “constitucionalistas”, cuando la escuchan, intentan descalificar como “comunista” o “prosoviética”, prestando sus servicios a los grandes poderes económicos que suelen premiarles, al terminar su dilatada carrera política, con un buen puesto en sus consejos de administración.
Martina Velarde, en ese acto, señaló que “hay que crear una empresa pública para acabar con la pobreza energética, con una regulación clara y garantista que evite los cortes de suministros, garantizando cupos energéticos vitales garantizados de electricidad, gas y agua”. En la misma línea, Velarde defendió que “la electricidad tenga un tipo superreducido de IVA del 5% en la factura de electricidad en los consumidores vulnerables y reducida del 10% en todos los suministros domésticos”. Desde Unidas Podemos defienden “una reforma del mercado eléctrico, ya que el diseño actual del mercado eléctrico está hecho a la medida del oligopolio que son los grandes beneficiarios de las subidas del precio de la luz”.
La empresa pública de energía que Unidas Podemos defiende “apuesta por un modelo renovable con una transición justa. Es imprescindible que las centrales contaminantes que habrán de cerrar como las de carbón, y las minas que abastecen de la materia prima tengan un trato diferenciado y justo para transitar a un nuevo modelo energético y económico sostenible. No podemos cerrar los sectores productivos de un territorio, desindustrializarlos y dejarlos a la mano de Dios sin ningún tipo de futuro”.
La número dos en la candidatura de Unidas Podemos, Carmen María Ruiz, defendió la urgencia de una Declaración de Energía Climática. “No puede ni tiene que ser una declaración institucional, sino que debe ir acompañada de un Plan de Rescate Climático con fuerte dotación presupuestaria, que construya un nuevo modelo energético socialmente justo y ambientalmente sostenible, opuesto, por tanto, al sistema capitalista que nos ha abocado a la situación actual de crisis climática”. “Un capitalismo Verde no es la solución porque no romperá con las élites económicas”, concluyó Ruiz.
Desde Unidas Podemos, en la línea del mencionado artículo 128 de la Constitución, “defiende que el Estado tenga un papel protagonista que se sitúe en la vanguardia de la producción renovable, la eficiencia energética, la lucha contra la pobreza energética, la reforma del mercado eléctrico que abarate el precio de la luz que ahora ahoga a las familias y cree numerosos puestos de trabajo de calidad en torno a las energías renovables”.
Seguramente, de cara a las elecciones del 10N, las y los trabajadores y aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo o precariedad, deberíamos prestar más atención a aquellas medidas que defiende las formaciones políticas que influyen en nuestras condiciones de vida, apartando con nuestra mano las banderas que nos tapan la realidad de lo que nos afecta.
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